LAS QUIEBRAS

Desde que los comerciantes fenicios surcaron los mares en busca de nuevas vías de comercio, el mundo de lo mercantil ha vivido diferentes etapas. Desde que los banqueros venecianos comenzaron a financiar las operaciones relacionadas con el comercio, aparecieron las figuras del deudor y del acreedor; figuras, cuyas relaciones han sido reguladas de muy diferentes maneras según los países y las épocas. Tiempos hubo, en las que el acreedor podía reclamar al deudor el pago de su deuda con su propio corazón. El inigualable Shakespeare, lo puso de manifiesto en su obra " El mercader de Venecia". Otros países y otros tiempos dulcificaron las legislaciones y redujeron las penas de los quebrados a penas de prisión.

Por no quebrar, los comerciantes acudían a cualquier medio para evitarla; no solo por el desprestigio que ello suponía sino por el castigo al que se enfrentaba el quebrado.

El paso del tiempo, la complejidad de las actividades mercantiles, la cada vez más sospechosa implicación de los legisladores con los grandes y poderosos empresarios, trajo consigo la aparición del Derecho Mercantil y su legislación, de la que emanó el "delito mercantil".

El delito mercantil supuso la práctica eliminación de la carga penal que arrastraban los deudores que no hacían frente a sus obligaciones.

Esa legislación, mucho más laxa que las anteriores, propició que las quiebras dejaran de ser un estigma para el empresario, y se convirtiera en un instrumento, en muchos casos, de robo y estafa a terceros que se encontraron impotentes para recobrar lo que en justicia se les debía.

En los últimos años hemos asistido en España, y en el Mundo, a un importante número de quiebras de grandes grupos empresariales, que, de la noche a la mañana, se han derrumbado como un castillo de naipes, arruinando a millones de pequeños inversores y trabajadores a los que han destrozado la vida.

En nuestro país, no han sido pocos los casos en los que este fenómeno de la quiebra se ha dado, tomando en España una curiosa deriva.

Pocos, muy pocos, de los empresarios o administradores que las han provocado, han puesto un pie en la cárcel. Un ejército de expertos en Derecho Mercantil y Penal, bucean en las turbias aguas de la Ley para librar a sus clientes del molesto asunto.

Mientras continúan haciendo ostentación de sus felices vidas, miles de afectados, gritan, como posesos, de puerta en puerta, reclamando Justicia. Una justicia que, en muy contadas ocasiones, y después de años de lucha, les llega; pero, tan mermada, que apenas se le puede denominar Justicia.

En la actualidad estamos asistiendo al desmantelamiento de una de las más importantes empresas españolas; que, en poco más de veinticuatro horas, ha pasado de la pujanza del Ibex a la quiebra total.

En los cómodos sillones de su Consejo de Administración, ilustres traseros de la política han sentado sus posaderas, y obtenido pingües beneficios. Beneficios que, ahora, los pagadores quieren cobrarse en forma de intervención estatal; es decir, buscando que seamos todos los españoles quienes paguemos los desafueros causados por los depredadores de la empresa. Depredadores que ya se habían cobrado parte de la "pieza" a lo largo de los años, y de obtener insultantes indemnizaciones que ahora pretenden que paguemos entre todos.

 Tres cosas tengo por ciertas:

1.- Los españoles pagaremos.

2.- Los trabajadores pagarán.

3.- Los delincuentes, no pagaran.

Sobre la cubierta de sus lujosos yates, luciendo su Rolex y deleitándose con un carísimo licor, contemplarán como unos y otros buscan la manera de engañar a los españoles, para que pasemos por taquilla, sin parecer que lo hacemos.

¿Preocupados? En absoluto. Tienen la tranquilidad de tener cogidos por las "pelotas" a elementos influyentes, que serían capaces de cambiar el sistema de rotación de la tierra, con tal de proteger sus riquezas acumuladas.        

Si les fuera de aplicación una legislación mercantil que tuviera un artículo que dijera:

"El quebrado, fuera persona física o jurídica, ingresará de forma inmediata en prisión, sin juicio, hasta que sus acreedores hayan percibido el total montante de su derecho, más los intereses legales devengados.

Suficiente.