martes, 10 de octubre de 2017

LAS SEDES

La llamada “cuestión catalana” nos ha proporcionado información sobre hechos y actos de todo tipo.
Uno de ellos, es el goteo de las Sedes Sociales de importantes empresas y consorcios, y que las han trasladado fuera de Cataluña.
Este acto, que es sólo una cobertura jurídica, tiene un corolario mucho más importante e interesante de analizar.
¿Qué ocurre con lo que queda en Cataluña, en el supuesto de la declaración de independencia?
Comencemos por la parte más débil: los trabajadores.
Según establecen las nuevas leyes catalanas, aquellos trabajadores que estuvieran empadronados en Cataluña al 31 de diciembre de 2016, pasarían a ser ciudadanos de Cataluña, y por ello sometidos a las leyes del nuevo Estado.
Perderían su cualidad de ciudadanos españoles, y por lo tanto de ciudadanos europeos; aunque los gobernantes de la actual Cataluña digan que tendrán doble nacionalidad; algo que es absolutamente falso.
En consecuencia, roto el vínculo legal con el Estado español, los derechos que emanen de sus contratos de trabajo deberán ser adaptados, y sometidos a las Leyes del nuevo Estado.
Protecciones tan básicas como es el Estatuto de los Trabajadores, dejarán de serles de aplicación; y sus reclamaciones en el ámbito laboral, deberán ser sustanciadas en los Tribunales de Cataluña.
Esto es así, porque los conflictos laborales se resuelven en el lugar en el que se encuentra el puesto de trabajo del trabajador.
Sus nóminas, serán abonadas en las cuentas abiertas en las Entidades radicadas en Cataluña, y deberán ser convertidas de euros a la moneda del nuevo país; algo que hasta este momento se desconoce.
La salida de la Unión Europea supone que, de manera automática, se sale de la Eurozona, y por lo tanto la moneda del país recién constituido no puede ser el euro; a pesar de que los gobernantes de Cataluña digan lo contrario.
Dos cuestiones a las que no alcanzo a concretar cómo afectarán a los trabajadores, son los Impuestos, y las aportaciones a la Seguridad Social, tanto en la cuota empresarial como en la que corresponde al trabajador.
El segundo gran frente de estas empresas es el relativo al régimen comercial que regirá sus relaciones con el resto del mundo.
La salida de la Unión europea implica la salida de todos los acuerdos de Libre Mercado que regulan las transacciones entre sus países miembros; entrando en un régimen de aplicación de aranceles que habría que negociar con todos, y cada uno de los estados que forman la actual Unión Europea, comenzando, lógicamente, por España, su primer cliente.
Mientras esto se negocia, algo que no se hace de la noche a la mañana, sería preciso establecer un régimen transitorio, que también habría que desarrollar.
Junto a ello, tendría que establecerse un régimen fiscal para las mercancías en tránsito, tanto importadas como exportadas.
A nadie se le escapa, que nada de todo esto es algo que se solvente con facilidad y en poco tiempo.
Cerrar fronteras, es algo relativamente sencillo. Regular el tránsito de mercancías, es algo muy complejo, lo que haría de la salida de productos desde Cataluña al resto de Europa, algo casi imposible.
Si los productos fabricados en Cataluña no pueden tener salida hacia los mercados, la respuesta empresarial sólo puede ser una: parar la producción, hasta que los regímenes comerciales, y fiscales, estén desarrollados e implantados. Lo que conllevaría al cierre de las factorías, y el despido de los trabajadores.
Si los principales, o únicos centros de producción se encuentran en Cataluña, la viabilidad de la empresa queda muy comprometida, pues únicamente subsistiría el mercado catalán como fuente de negocio. Todo ello, en el supuesto que las materias primas y componentes necesarios para la producción se obtengan en Cataluña.
Y qué ocurrirá con las empresas que no puedan salir de Cataluña. Todo dependerá del grado de vinculación de sus productos con el exterior.
En mi opinión, las menos afectadas serán las pequeñas empresas, que entrarán en un régimen de autarquía, algo que tampoco será fácil.
A nadie se le escapa que este estado de cosas traerá consigo un extraordinario aumento de los precios, y por ello elevada inflación.

Y no será descabellado pensar que volviera a emerger una vieja figura del comercio: El estraperlo.

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