Mi comentario de ayer sobre el Salario Mínimo Interprofesional, y
la propuesta de algún partido político de subirlo a 950 €, terminaba diciendo:
" Teorías para contrarrestar estos argumentos, hay miles. Realidades
para contradecirlos, no tantas".
Tal como esperaba han surgido voces discrepantes con mis teorías.
Sin ánimo de rebatir nada, sino como corolario a mi escrito, hoy
daré mi opinión sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral español; al
menos, en determinados sectores.
Un dicho, muy popular, afirma: " Hecha la Ley, hecha la
trampa".
Es algo demostrado que las legislaciones laborales excesivamente
intervencionistas, crean inelasticidades en el Mercado del Trabajo dificultando
las contrataciones.
La Normativa española en materia laboral y salarial, es muy
intervencionista, dejando poco margen de maniobra para los pactos libremente
acordados entre oferentes de empleo y los demandantes.
En el caso español, se suma un elemento distorsionador más; cual
es, la incertidumbre; incertidumbre que nace de los continuos cambios
legislativos que se producen en función del color del partido gobernante.
Los empresarios dudan de lo que ocurrirá mañana con los contratos
que firman hoy; razón por la cual se cubren de esa incertidumbre, con formulas
de contratación que, al menos, aminoren ese riesgo legislativo.
Una de las formulas que está tomando auge es la de realizar Contratos
de Servicios.
El sistema no es complicado, y funciona, a grandes rasgos, de la
siguiente manera.
Un empresario A crea una empresa de servicios para la cual
necesita la asistencia de dos personas. No tiene seguridad de que el negocio
vaya a funcionar, y por lo tanto no quiere atar la viabilidad de la empresa a
la suscripción de contratos de trabajo, que le obligan a remunerar a sus empleados
con sueldos establecidos por convenio, y a hacer frente a gastos sociales,
también reglamentados.
Encuentra una salida que es la de ofrecer a sus
"empleados", no la suscripción de unos Contratos de Trabajo, sino Contratos
de Servicio.
¿Qué significa esto? Fácil: Entre los "trabajadores" y
el empresario no existe vinculo laboral alguno. Los "trabajadores" se
convierten en trabajadores por cuenta propia; siendo a su cargo todos los
costes e impuestos derivados de la actividad.
El empresario se libera del corsé legislativo laboral, y puede
pactar libremente con los "trabajadores" las condiciones y
remuneraciones de sus servicios.
Es algo perfectamente legal, y que blinda al "empleador"
ante las veleidades legislativas de los distintos gobiernos.
Esta fórmula, en apariencia novedosa, no lo es tanto. Ya hace
tiempo que una técnica parecida se usó en algunos Colegios o Escuelas. Los
profesores, no eran trabajadores del Centro de Enseñanza, eran accionistas,
partícipes o cooperativistas, y su remuneración estaba en función de los
resultados económicos que el Centro obtenía.
¡¡¡ Hecha la Ley, hecha la trampa!!!
En mi opinión, los denominados agentes sociales, deberían llegar a
un pacto global que eliminara estas incertidumbres, y permitiera a las partes
negociadoras moverse en horizontes temporales, libres de inquietudes. Por una sencilla
razón: en los escenarios inestables todas las partes pierden.
Bueno, quizás todas las partes no; pero, siempre pierden los
mismos.
